{"id":4498,"date":"2022-01-14T17:22:00","date_gmt":"2022-01-14T20:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lavits.org\/?p=4498"},"modified":"2023-06-27T14:04:42","modified_gmt":"2023-06-27T17:04:42","slug":"espanol-cerca-de-130-organizaciones-de-sociedad-civil-piden-a-n-u-participacion-y-garantias-de-derechos-humanos-en-tratado-sobre-ciberdelincuencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavits.org\/es\/espanol-cerca-de-130-organizaciones-de-sociedad-civil-piden-a-n-u-participacion-y-garantias-de-derechos-humanos-en-tratado-sobre-ciberdelincuencia\/","title":{"rendered":"Cerca de 130 organizaciones de sociedad civil piden a N.U. participaci\u00f3n y garant\u00edas de derechos humanos en tratado sobre \u201cciberdelincuencia\u201d"},"content":{"rendered":"

Lavits conjuntamente a casi 130 organizaciones y acad\u00e9micos que trabajan en 56 pa\u00edses, regiones o en todo el mundo, instaron a los miembros del <\/span>Comit\u00e9 Ad Hoc<\/span><\/a><\/span>\u00a0encargado de redactar un posible Tratado de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia a que se aseguren de que las protecciones de los derechos humanos se incluyan en el producto final. La primera sesi\u00f3n del Comit\u00e9 Ad Hoc\u00a0<\/span>comenzar\u00e1 el 17 de enero<\/span><\/a><\/span>.<\/span><\/p>\n

El tratado propuesto\u00a0<\/span>posiblemente abordar\u00e1<\/span><\/a><\/span>\u00a0la ciberdelincuencia, la cooperaci\u00f3n internacional y el acceso a posibles pruebas digitales por parte de las autoridades policiales, as\u00ed como sobre los derechos humanos y las garant\u00edas procesales. Los Estados miembros de la ONU ya han redactado opiniones sobre el alcance del tratado, y sus propuestas var\u00edan mucho. En una carta dirigida al presidente del comit\u00e9, la EFF y Human Rights Watch, junto con otros socios de todo el mundo, pidieron que los miembros incluyeran consideraciones de derechos humanos en cada paso del proceso de redacci\u00f3n. Tambi\u00e9n recomendamos que los poderes de investigaci\u00f3n transfronterizos incluyan fuertes salvaguardias de derechos humanos, y que se ofrezca a la sociedad civil mundial la oportunidad de participar de forma s\u00f3lida en el desarrollo y la redacci\u00f3n de cualquier posible convenci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La redacci\u00f3n de la carta fue encabezada por EFF, Human Rights Watch, AccessNow, ARTICLE19, Association for Progressive Communications, CIPPIC, European Digital Rights, Privacy International, Derechos Digitales, Data Privacy Brazil Research Association, European Center For Not-For-Profit Law, IT-Pol – Denmark, SafeNet South East Asia, Fundaci\u00f3n Karisma, Red en Defensa de los Derechos Digitales, OpenNet Korea, entre muchos otros.<\/span><\/p>\n

La carta est\u00e1 disponible en\u00a0<\/span>ingl\u00e9s<\/span><\/a><\/span>\u00a0y en espa\u00f1ol, y estar\u00e1 disponible en otros idiomas de la ONU a su debido tiempo.<\/span><\/p>\n

El texto completo de la carta y la lista de firmantes se encuentran a continuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

22 de diciembre de 2021<\/strong><\/p>\n

Representante Permanente Sra. Faouzia Boumaiza Mebarki, Presidenta<\/p>\n

Comit\u00e9 intergubernamental especial de expertos\u00a0 encargado de elaborar una convenci\u00f3n internacional integral contra la utilizaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones con fines delictivos<\/p>\n

Estimada Representante Permanente y Presidenta Sra. Mebarki:<\/p>\n

Nosotros, las organizaciones y acad\u00e9micos abajo firmantes, trabajamos para proteger y promover los derechos humanos, tanto en l\u00ednea como fuera de ella. Los esfuerzos para abordar la ciberdelincuencia nos preocupan, tanto porque la ciberdelincuencia supone una amenaza para los derechos humanos y los medios de vida, como porque las leyes, pol\u00edticas e iniciativas sobre ciberdelincuencia se utilizan actualmente para socavar los derechos de las personas. Por lo tanto, pedimos que el proceso por el cual el Comit\u00e9 Ad Hoc realiza su trabajo incluya una s\u00f3lida participaci\u00f3n de la sociedad civil a lo largo de todas las etapas de desarrollo y redacci\u00f3n de una convenci\u00f3n, y que cualquier propuesta de convenci\u00f3n incluya salvaguardias de derechos humanos aplicables tanto a sus disposiciones sustantivas como de procedimiento.<\/p>\n

Antecedentes<\/b><\/p>\n

La propuesta de elaborar una amplia \u00abconvenci\u00f3n internacional integral sobre la lucha contra la utilizaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones con fines delictivos\u00bb se presenta al mismo tiempo que los mismos mecanismos de derechos humanos de la ONU resalta las alarmas sobre el abuso de las leyes de ciberdelincuencia en todo el mundo. En su informe de 2019, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y de asociaci\u00f3n, Cl\u00e9ment Nyaletsossi Voule,\u00a0observ\u00f3<\/a>: \u00abUn aumento de la legislaci\u00f3n y las pol\u00edticas destinadas a combatir la ciberdelincuencia tambi\u00e9n ha abierto la puerta a castigar y vigilar a activistas y manifestantes en muchos pa\u00edses del mundo.\u201d En\u00a02019<\/a>\u00a0y\u00a0una vez m\u00e1s este a\u00f1o<\/a>, la Asamblea General de la ONU\u00a0expres\u00f3 su grave preocupaci\u00f3n<\/a>\u00a0por el hecho de que la legislaci\u00f3n sobre ciberdelincuencia se est\u00e9 usando indebidamente para atacar a los defensores de los derechos humanos u obstaculizar su trabajo y poner en peligro su seguridad de manera contraria al derecho internacional. Esto se produce despu\u00e9s de\u00a0a\u00f1os de informes<\/a>\u00a0de organizaciones no gubernamentales sobre los abusos de los derechos humanos derivados de las leyes de ciberdelincuencia excesivamente amplias.<\/p>\n

Cuando se propuso por primera vez la convenci\u00f3n, m\u00e1s de 40 organizaciones y expertos en derechos digitales y derechos humanos, entre ellos muchos de los firmantes de esta carta, instaron a las delegaciones a votar en contra de la resoluci\u00f3n,\u00a0advirtiendo que<\/a>\u00a0la convenci\u00f3n propuesta supone una amenaza para los derechos humanos.<\/p>\n

Antes de la primera sesi\u00f3n del Comit\u00e9 Ad Hoc, reiteramos estas preocupaciones. Si se va a elaborar una convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre la ciberdelincuencia, el objetivo debe ser combatir el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones con fines delictivos sin poner en peligro los derechos fundamentales de las personas a las que se pretende proteger, para que estas puedan disfrutar y ejercer libremente sus derechos, tanto en l\u00ednea como fuera de ella. Cualquier propuesta de convenio debe incorporar salvaguardas claras y s\u00f3lidas en materia de derechos humanos. Una convenci\u00f3n sin dichas salvaguardas o que diluya las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos pondr\u00eda en peligro a las personas y har\u00eda que nuestra presencia digital fuera a\u00fan m\u00e1s insegura, poniendo en peligro los derechos humanos fundamentales.<\/p>\n

A medida que el Comit\u00e9\u00a0Ad Hoc<\/i>\u00a0comience su trabajo de redacci\u00f3n de la convenci\u00f3n en los pr\u00f3ximos meses, es de vital importancia aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para garantizar que el texto propuesto no se utilice como una herramienta para sofocar la libertad de expresi\u00f3n, infringir la privacidad y la protecci\u00f3n de datos, o poner en peligro a las personas y comunidades.<\/p>\n

La importante labor de combatir la ciberdelincuencia debe ser coherente con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos establecidas en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP) y otros instrumentos y normas internacionales de derechos humanos. En otras palabras, los esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia tambi\u00e9n deben proteger, no socavar, los derechos humanos. Recordamos a los Estados que los mismos derechos que tienen las personas fuera de l\u00ednea deben protegerse tambi\u00e9n en l\u00ednea.<\/p>\n

Alcance de las disposiciones penales sustantivas<\/b><\/p>\n

No existe un consenso sobre c\u00f3mo abordar la ciberdelincuencia a nivel mundial ni una comprensi\u00f3n o definici\u00f3n com\u00fan sobre qu\u00e9 constituye la\u00a0ciberdelincuencia<\/a>. Desde el punto de vista de los derechos humanos, es esencial que el \u00e1mbito de cualquier convenci\u00f3n sobre ciberdelincuencia sea reducido. El hecho de que un delito pueda implicar tecnolog\u00eda no significa que deba incluirse en la convenci\u00f3n propuesta. Por ejemplo, leyes amplias sobre ciberdelincuencia a menudo, simplemente, a\u00f1aden penas por el uso de un ordenador o dispositivo en la comisi\u00f3n de un delito existente. Las leyes son especialmente problem\u00e1ticas cuando incluyen delitos relacionados con el contenido. Las leyes de ciberdelincuencia redactadas de forma imprecisa, que pretenden combatir\u00a0la desinformaci\u00f3n<\/a>\u00a0y el apoyo o la glorificaci\u00f3n del terrorismo y el extremismo en l\u00ednea, pueden ser utilizadas de forma indebida para encarcelar a\u00a0los blogueros<\/a>\u00a0o\u00a0bloquear plataformas enteras<\/a>\u00a0en un pa\u00eds determinado. Como tales, no cumplen con las normas internacionales de libertad de expresi\u00f3n. Estas leyes ponen en peligro a periodistas, activistas, investigadores, comunidades LGBTQ y disidentes, y pueden tener un efecto amedrentador en la sociedad en general.<\/p>\n

Incluso las leyes que se centran m\u00e1s estrechamente en los delitos relacionados con la inform\u00e1tica se emplean para socavar los derechos. Las leyes que penalizan el acceso no autorizado a redes o sistemas inform\u00e1ticos se han usado para elegir como blanco a\u00a0\u00a0investigadores de\u00a0<\/a>seguridad<\/a>\u00a0digital, denunciantes, activistas y periodistas. Con demasiada frecuencia, los investigadores de seguridad, que ayudan a mantener la seguridad de todos, se ven atrapados en leyes vagas sobre ciberdelincuencia y se enfrentan a cargos penales por identificar fallos en los sistemas de seguridad. Algunos Estados tambi\u00e9n han interpretado las leyes de acceso no autorizado de forma tan amplia como para criminalizar efectivamente todas y cada una de las denuncias; bajo estas interpretaciones,\u00a0cualquier revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n\u00a0<\/a>en violaci\u00f3n<\/a>\u00a0de una pol\u00edtica corporativa o gubernamental podr\u00eda ser tratada como \u00abciberdelito\u00bb. Cualquier convenio potencial deber\u00eda incluir expl\u00edcitamente un est\u00e1ndar de intenci\u00f3n maliciosa, no deber\u00eda transformar las pol\u00edticas de uso de ordenadores corporativos o gubernamentales en responsabilidad penal, deber\u00eda proporcionar una defensa del inter\u00e9s p\u00fablico claramente articulada y extensa, e incluir disposiciones claras que permitan a los investigadores de seguridad realizar su trabajo sin miedo a ser procesados.<\/p>\n

Derechos humanos y garant\u00edas procesales<\/b><\/p>\n

Nuestra informaci\u00f3n privada y personal, antes encerrada en un caj\u00f3n del escritorio, reside ahora en nuestros dispositivos digitales y en la nube. La polic\u00eda de todo el mundo utiliza un conjunto de herramientas de investigaci\u00f3n cada vez m\u00e1s intrusivas para acceder a las pruebas digitales. Con frecuencia, sus investigaciones atraviesan las fronteras sin las debidas garant\u00edas y eluden las protecciones de los tratados de asistencia jur\u00eddica mutua. En muchos contextos, no hay supervisi\u00f3n judicial y el papel de los reguladores independientes de la protecci\u00f3n de datos se ve socavado. Las leyes nacionales, incluida la legislaci\u00f3n sobre ciberdelincuencia, suelen ser inadecuadas para proteger contra la vigilancia desproporcionada o innecesaria.<\/p>\n

Cualquier convenio potencial deber\u00eda detallar las s\u00f3lidas salvaguardas procesales y de derechos humanos que rigen las investigaciones penales llevadas a cabo en el marco de dicho convenio. Debe garantizar que\u00a0cualquier injerencia en el derecho a la intimidad<\/a>\u00a0cumpla con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, incluso exigiendo una autorizaci\u00f3n judicial independiente de las medidas de vigilancia. Tampoco deber\u00eda prohibir a los Estados la adopci\u00f3n de salvaguardas adicionales que limiten los usos de los datos personales por parte de las fuerzas del orden, ya que tal prohibici\u00f3n socavar\u00eda la privacidad y la protecci\u00f3n de datos. Cualquier convenio potencial deber\u00eda tambi\u00e9n\u00a0reafirmar<\/a>\u00a0la necesidad de que los Estados adopten y apliquen \u00abuna legislaci\u00f3n s\u00f3lida, robusta y exhaustiva en materia de privacidad, incluida la relativa a la privacidad de los datos, que cumpla con el derecho internacional de los derechos humanos en t\u00e9rminos de salvaguardas, supervisi\u00f3n y recursos para proteger efectivamente el derecho a la privacidad. \u00bb<\/p>\n

Existe un riesgo real de que, en un intento de atraer a todos los Estados para que firmen una propuesta de convenci\u00f3n sobre ciberdelincuencia de la ONU, se d\u00e9 cabida a las malas pr\u00e1cticas en materia de derechos humanos, lo que dar\u00eda lugar a una carrera a la baja. Por lo tanto, es esencial que cualquier convenci\u00f3n potencial refuerce expl\u00edcitamente las salvaguardas procesales para proteger los derechos humanos y se resista a los atajos en torno a los acuerdos de asistencia mutua.<\/p>\n

Participaci\u00f3n significativa<\/b><\/p>\n

De cara al futuro, pedimos al Comit\u00e9\u00a0Ad Hoc<\/i>\u00a0que incluya activamente a las organizaciones de la sociedad civil en las consultas -incluidas las que se ocupan de la seguridad digital y los grupos que ayudan a las comunidades e individuos vulnerables-, lo que no ocurri\u00f3 cuando este proceso comenz\u00f3 en 2019 ni en el tiempo transcurrido desde entonces.<\/p>\n

En consecuencia, solicitamos al Comit\u00e9<\/p>\n