Autor: Luis Garcia Fanlo (Sociólogo. Miembro de Lavits y profesor Universidad de Buenos Aires – UBA)
Hacia 2007 ya se instalaban anualmente en la Ciudad de Buenos Aires unas 20.000 cámaras de videovigilancia integradas con los sistemas informáticos del Estado y de las empresas privadas utilizando software que permitía la convergencia digital de datos, imágenes y voz, reconocimiento facial, interconexión entre bases de datos públicas y privadas, georreferenciación satelital y lectores biométricos. Comienza la era de las redes de vigilancia digital y junto con ella un nuevo y lucrativo negocio instalándose en el país empresas extranjeras así como expandiendo sus negocios las empresas nacionales proveedoras –principalmente al Estado- de equipos, software, agencias privadas de seguridad, cursos de capacitación, instalaciones de monitoreo, centrales de alarmas, etc. Entre 2007 y 2012 el gobierno nacional emprende una activa campaña para asumir como propia la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad cotidiana que incluye la modernización de las fuerzas federales de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía Aeronáutica Nacional; Prefectura Naval) asignándoles equipamiento en videovigilancia y redes de vigilancia digital.
El lanzamiento del “Programa Nacional de Seguridad Ciudadana”, en 2008, significó un desembolso de 400 millones de pesos para que distintas ciudades y municipios de la Provincia de Buenos Aires y del interior del país invirtieran en tecnologías de videovigilancia digital; en diciembre de 2010 se crea por decreto presidencial el Ministerio de Seguridad que rápidamente implementa nuevos planes y programas de vigilancia y seguridad como “Buenos Aires Segura”, “Escudo Norte”, “Tren Alerta” y “Operativo Vigía”, todos ellos ensamblados interactivamente con la naciente red de vigilancia digital estatal.
En noviembre de 2011 la presidenta de la nación, por cadena nacional, anuncia la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) que consiste en la implementación en tiempo real, de forma automatizable y con efectos retroactivos de un sistema de seguridad electrónica que permite identificar personas a través de cualquier cámara de videovigilancia utilizando sofisticados programas de computación que permiten en forma indetectable e ineludible el reconocimiento biométrico y el seguimiento de todos los habitantes del país. El sistema permite a las agencias de seguridad hacer “referencias cruzadas” de información con datos biométricos y otros datos inicialmente recogidos con el fin de mantener la operatoria del Registro Nacional del Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte, agregar muestras de ADN, digitalizar huellas dactilares, y construir un registro biométrico de todos los habitantes.
SIBIOS fue diseñado para el uso de combinado de todas las fuerzas de seguridad y organismos estatales como la Dirección de Migraciones, la Policía Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, e incluso estará disponible a las fuerzas policiales federales, provinciales y municipales. En el futuro cercano se espera integrar sistemas de reconocimiento facial a las imágenes y grabaciones obtenidas por las cámaras de videovigilancia emplazadas en la vía pública con las obtenidas por SIBIOS.
A principios de 2012 la Secretaría de Transportes implementa el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) una tarjeta electrónica de uso individual y obligatorio para utilizar el transporte público. El sistema permitirá, según las autoridades, generar una base de datos con los recorridos de cada usuario, en tiempo real, y cruzar los datos identificatorios con otras bases de datos nacionales, en particular con la Administración Federal de Ingresos Públicos al efecto de asignar a cada persona una tarifa diferencial en función de sus ingresos. SUBE tiene 7.200.000 usuarios identificados y registrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano. Paralelamente se implementan el “Proyecto X”, un software de vigilancia de la Gendarmería Nacional para identificar líderes políticos y sociales vinculados a la protesta social y sindical, y los “Centros de Monitoreo y Videovigilancia” de la Policía Federal en los que personal especializado, en tiempo real, monitorea con cámaras de alta tecnología, puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementa, paralelamente, su propia red de videovigilancia y sus centros de monitoreo a cargo de la Policía Metropolitana.
En los últimos meses se ha profundizado el discurso gubernamental que vincula la lucha contra el crimen y la delincuencia con la combinación entre tecnologías de videovigilancia y control biométrico de la población expresados tanto por el candidato opositor Sergio Masa (Intendente del Municipio bonaerense de Tigre) y el flamante Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, que ha prometido terminar con la “inseguridad ciudadana” instalando “miles de cámaras de seguridad”. Esta tendencia está ampliamente aceptada y legitimada por el conjunto de la población del país lo que dificulta cualquier tipo de campaña, acción o discurso crítico hacia las implicancias sobre la vigencia de libertades democráticas como consecuencia de la implantación omnipresente de la sociedad de vigilancia y control.
